inSurGente .-“En materia de inmigración, por ejemplo, lo esencial de la gresca se centró en quién había tenido menos sin papeles, realizado más deportaciones y establecido condiciones más duras de regularización. Respecto al conflicto vasco, el terreno era claro: quién ha hecho menos para alcanzar una salida negociada. No digamos al hablar de economía, donde era imposible no pensar que si Rajoy estuviera en el lugar de Zapatero hubiera dicho las mismas palabras que el Presidente del Gobierno, y que si Zapatero se encontrara en la oposición habría dibujado un escenario idéntico al de Rajoy. (…)En este contexto, unos días antes, cuando la fiesta electoral ya funcionaba a pleno rendimiento, el Tribunal Supremo hacia una interpretación bastante sui géneris de lo que es y lo que significa la pluralidad política dentro de un sistema parlamentario, a cuenta del proceso de ilegalización de ANV y PCTV. (…)”.
Críticas de rigor y matices aparte, la práctica totalidad de las empresas de noticias le concedieron al debate entre el candidato del PSOE y el del PP, el certificado de «democrático». Pero esa es una calificación precipitada. A priori, la contraposición de opiniones es un ejercicio de democracia, pero una discusión no es necesariamente democrática, aunque se haga desde un atril o sea televisada. Si así fuera, deberíamos tener por tal cualquier controversia que durante el franquismo implicara a opusianos y falangistas o, más cerca, el canibalismo biográfico y emocional de los programas «del corazón» podría ser democracia de color rosa.
La querella del pasado lunes entre Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero, antes que una confrontación de análisis y propuestas era una contraposición de intereses. En la inmensa mayoría del temario el uno acusó al otro de hacer peor que él la misma política. En materia de inmigración, por ejemplo, lo esencial de la gresca se centró en quién había tenido menos sin papeles, realizado más deportaciones y establecido condiciones más duras de regularización. Respecto al conflicto vasco, el terreno era claro: quién ha hecho menos para alcanzar una salida negociada. No digamos al hablar de economía, donde era imposible no pensar que si Rajoy estuviera en el lugar de Zapatero hubiera dicho las mismas palabras que el Presidente del Gobierno, y que si Zapatero se encontrara en la oposición habría dibujado un escenario idéntico al de Rajoy.
Si una de las características de la democracia ha de ser la pluralidad, «cualidad de ser más de uno», era imposible encontrarla en un debate como el del lunes que, a pesar de ser a dos, en la práctica era del 1 contra el 1. O peor, el 1 intentando restar al 1, que es igual a 0, nada de pluralidad y por ende nada democrático.
En este contexto, unos días antes, cuando la fiesta electoral ya funcionaba a pleno rendimiento, el Tribunal Supremo hacia una interpretación bastante sui géneris de lo que es y lo que significa la pluralidad política dentro de un sistema parlamentario, a cuenta del proceso de ilegalización de ANV y PCTV. Después de que Baltasar Garzón prohibiera las candidaturas de Acción Nacionalista Vasca y suspendiera sus actividades públicas y orgánicas, el Supremo dictaba un auto apoyando la primera parte de las medidas resueltas por Garzón pero revocando la segunda, so pretexto de «no limitar indebidamente el pluralismo político».
Como una cuestión previa, hay que decir que en esta decisión no se ventilan solamente diferencias jurídicas sino asuntos de autoridad y jerarquía. No me cabe duda que los jueces del Supremo harán lo posible para que las dos siglas de la izquierda abertzale sean totalmente ilegalizadas. Pero a lo que no están dispuestos es a hacerle de bedel o secretario al superjuez. Por eso, para demostrar que se ganan el sueldo y que tienen algo que decir, no les queda otra que llevarle la contraría a Garzón, sin más remedio que aplicar un ápice de justicia a regañadientes y con fecha de caducidad. Es una manera de decir quién manda aquí.
Lo que ocurre es que, al hacerlo, los magistrados se meten en un embrollo radical cuando intentan aplicar con sensibilidad democrática una medida propia del estado de excepción, que es algo así como utilizar una maza para romper un cristal «sólo un poquito».
El órgano más importante dentro del aparato judicial español junto con el Constitucional, reconoce tácitamente que debe haber una forma de limitar el pluralismo político «debidamente». Hay que decir que la pluralidad de opciones ya está acotada, aparte de por el orden financiero, económico y mediático, por la propia ley electoral, que hace todo lo posible para que en las instituciones estén representadas el mínimo de alternativas políticas. Pero lo que dice y no dice el Supremo es que para reducir más aún la representación institucional de la diversidad política sólo hay una manera: reprimirla. Lo que hace la Sala Especial del Tribunal Supremo, sin quererlo, es una definición simple pero rigurosa de una de las funciones de la Ley de Partidos: limitar el pluralismo en las instituciones.
Pero donde más se enreda el tribunal es cuando intenta explicarse a sí mismo por qué es partidario de prohibir las candidaturas electorales y, en cambio, no de impedir los actos públicos de PCTV o ANV. Argumentan primero, que si Acción Nacionalista Vasca obtiene representación, se estaría generando una situación “irreversible”, ya que a sus parlamentarios no se les podrían arrebatar sus escaños aunque ANV fuera ilegal. No se aclara qué daño «irreversible» pueden hacer un diputado o dos de ANV en el caso de que decidieran hacer política parlamentaría. Pero se admite, tácitamente, que se comete una ilegalidad preventiva para no tener que cometer una ilegalidad en el futuro. Algo que dice mucho sobre qué sentido de la justicia está aplicando el Supremo y se le está aplicando a la izquierda abertzale.
Respecto a la suspensión de actividades, arguyen que de impedir actos públicos, asambleas, ruedas de prensa etc, se estaría dañando la pluralidad política; dando a entender que prohibir que entre 150.000 y 200.000 personas puedan elegir a sus representantes, no causa ese daño y que en caso de ser así se podría reparar con «compensaciones». Además de hacerse a sí mismo un traje, el alto tribunal afirma algo que merece ser estudiado por un equipo multidisciplinar de psiquiatras y catedráticos en derecho constitucional. Ha separado –y lo que dice el supremo es doctrina- derechos como la libertad de expresión, organización o manifestación, del derecho a representar y ser representado por un partido político. Ha dicho que son ámbitos separados y separables, y que por eso se puede permitir a un partido hablar en público pero no tener representación parlamentaria.
Por la vía de negar la realidad política, el Supremo termina diciendo una verdad como un templo: que el parlamento no es un lugar para reflejar el pluralismo político mientras que la calle sí lo es. Ahora, lo que debería explicar es cuál es, por tanto, la función del hemiciclo.
Barcelona 24/02/2008
13.26
anton.corpas@gmail.com
